Hace unos días, la patronal de constructores y promotores inmobiliarios y consejeros de de vivienda de varias comunidades coincidieron en señalar que el problema a solventar para hacer la vivienda más asequible es el suelo. El precio de los ladrillos está razonablemente estable, lo que cambia escandalosamente es el precio del suelo que está sometido al rigor de las leyes urbanísticas y escasea. Por eso, parcela que se torna en edificable, parcela que se encarece.
Y debe ser así. Porque en Santiago, la entidad administradora de infraestructuras ferroviarias, ADIF, acaba de poner a la venta dos parcelas pequeñas situadas en el entorno de la estación de ferrocarril por las que pujaron ocho empresas con ofertas millonarias. De acuerdo con la normativa de edificabilidad en la zona, si se adjudican, como cabe esperar, a las dos mejores ofertas, el metro construible, es decir, el metro cuadrado antes de edificar, alcanza ya el precio de unos 1.340 euros.
No pierdan el tiempo en hacer cálculos acerca de lo que pueda costar el metro cuadrado construido en estas parcelas de Pontepedriña, porque sumando los costes del terreno y de la construcción, las revalorizaciones anuales y el margen comercial, cualquier cifra que ahora nos imaginemos estará alejada de la realidad final. Sí parece claro que Santiago cuenta con una nueva milla de oro.
Pues estos pisos, apartamentos o lo que se levante en esos solares se van a vender. En este país se vende todo lo que se construye –el 77% de los edificios se vende antes de acabarlos- y se revende con generosas plusvalías. Se anuncia una obra en cualquier ciudad –si es en el centro, mejor-, preguntas a los promotores por los precios de los pisos o apartamentos y, en el mejor de los casos, solo quedan los dos o tres de más baja altura o los que están peor orientados, de acuerdo con la situación del edificio. Todo en proyecto, sujeto a modificaciones, lo que demuestra que la construcción goza de buena salud.
Unas estadísticas del Ministerio de la Vivienda dicen que Santiago es una de las ciudades con pisos más baratos. ¿De donde tomarían los datos?
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Asunto: La administración local posee, a través de la conc Autor: josé ortega de foros www.aedru.org (correo@aedru.org) Comentario: La administración local posee, a través de la concesión discrecional de licencias y planes urbanísticos, el control absoluto sobre "el grifo de la oferta" Aún tratándose de un bien de primera necesidad la clase política utiliza su monopolio en la concesión de licencias para mantener el suministro de viviendas sistemáticamente por debajo de las necesidades sociales. El motivo por el que los políticos usan su poder para impedir que los ciudadanos ejerzan siu derecho constitucional a disponer de una vivienda es evidente: el permanente estado de sobredemanda en el mercado inmobiliario, la permanente escasez artificial de un bien de primera necesidad provoca un alza continuado de precios de la vivienda que se traduce en un alza continuada del precio de las licencias y otros permisos urbanísticos de los municipios.
Dado que la mayor parte de la financiación municipal, tanto la empleada para financiar obras faraónicas, inútiles y cargadas de ostentación analfabeta (campañas electorales encubiertas) como la empleada para financiar la corrupción de los partidos y la corrupción personal de los políticos se obtiene del saqueo a los ciudadanos a través de las viviendas nuevas (y de los créditos de las Cajas de Ahorros), este aumento del precio de las licencias es esencial.
Un político siempre desea robar y despilfarrar inutilmente cantidades crecientes de dinero lo que hace necesario que el negocio monopolista de la concesión de licencias deba proporcionar ingresos crecientes.
El negocio de las recalificaciones y licencias funciona a base de comprar o expropiar forzosamente suelo rústico a precios irrisorios. Si se trata de una operación de robo legal y democrático al ciudadano, una vez firmados los papeles la clase política vende ese suelo en concuro público a precio millonario y el dinero se ingresa en las cuentas municipales. Este dinero robado al ciudadano será empleado por los políticos para subirse los salarios, viajar a las Caimán en viaje oficial o comprar nuevos coches oficiales. De tratarse de un robo ilegal al ciudadano, el suelo rústico lo compra, por ejemplo un primo o una Caja de Ahorros. La recalificación en estas ocasiones se hace previo pago del propietario al político. Hay también operaciones híbridas que combinan el robo ilegal con el robo legal al ciudadano.
Como este negocio está basado en el monopolio y los métodos mafiosos los costos son virtualmente iguales a cero (Si un agricultor se niega a regalarles sus tierras se las roban) De esta manera el único modo de incrementar prograsivamente el botín es aumentar el precio que los promotores pagan por las licencias (precio que cargado el el precio de la vivienda, pagan finalmente los compradores de la vivienda) o bien aumentar la producción y venta al mejor postor de licencias.
Esto último, el recalificar cantidades ingentes de suelo, se ha hecho mucho en el intento de los políticos por incrementar el volumen de lo robado a la población. Lamentablemente la ley de la oferta y la demanda nos dice que si aumenta lo suficiente la oferta, si la clase política deja de ser capaz de mantener artificialmente la escasez de un bien básico a través de prohibir de hecho la producción de este bien necesario, los precios de las viviendas bajarían y resultaría imposible a los políticos seguir vendiendo licencias a precios astronómicos.
Eran de esperar por parte de la clase política toda clase de maniobras para mantener la escasez de la vivienda y, utilizando el matonismo de toda mafia, quitarse de encima cualquier competencia a su monopolio.
La marcha atrás en las calificaciones, operación que consiste en volver a hacer rústico utilizando como pretesto ridículas preocupaciones medioambientales (como si a un ladrón mafioso le preocupase la naturaleza) pero sin devolber el dinero saqueado o la nagación "por que yo lo valgo" de licencias a suelo que el propio municipio a vendido a precio millonario con sus planes urbanisticos aprobados, son solo un ejemplo de este intento de mantener la escasez que les permite robar más cada año.
Esta nueva vuelta de tuerca que consiste básicamente en volver a robar el 43% de lo que previamente ya habían robado mediante la siniestra inflación es solo un intento más de mantener medio cerrado el grifo de la oferta.
Por fortuna esta vez no va a salirles bien. Han ido en su codicia demasiado lejos. Las cifras de la macroeconomía nos dicen que el castillo de naipes se desplomará.
posee, a través de la concesión discrecional de licencias y planes urbanísticos, el control absoluto sobre "el grifo de la oferta" Aún tratándose de un bien de primera necesidad la clase política utiliza su monopolio en la concesión de licencias para mantener el suministro de viviendas sistemáticamente por debajo de las necesidades sociales. El motivo por el que los políticos usan su poder para impedir que los ciudadanos ejerzan siu derecho constitucional a disponer de una vivienda es evidente: el permanente estado de sobredemanda en el mercado inmobiliario, la permanente escasez artificial de un bien de primera necesidad provoca un alza continuado de precios de la vivienda que se traduce en un alza continuada del precio de las licencias y otros permisos urbanísticos de los municipios.
Dado que la mayor parte de la financiación municipal, tanto la empleada para financiar obras faraónicas, inútiles y cargadas de ostentación analfabeta (campañas electorales encubiertas) como la empleada para financiar la corrupción de los partidos y la corrupción personal de los políticos se obtiene del saqueo a los ciudadanos a través de las viviendas nuevas (y de los créditos de las Cajas de Ahorros), este aumento del precio de las licencias es esencial.
Un político siempre desea robar y despilfarrar inutilmente cantidades crecientes de dinero lo que hace necesario que el negocio monopolista de la concesión de licencias deba proporcionar ingresos crecientes.
El negocio de las recalificaciones y licencias funciona a base de comprar o expropiar forzosamente suelo rústico a precios irrisorios. Si se trata de una operación de robo legal y democrático al ciudadano, una vez firmados los papeles la clase política vende ese suelo en concuro público a precio millonario y el dinero se ingresa en las cuentas municipales. Este dinero robado al ciudadano será empleado por los políticos para subirse los salarios, viajar a las Caimán en viaje oficial o comprar nuevos coches oficiales. De tratarse de un robo ilegal al ciudadano, el suelo rústico lo compra, por ejemplo un primo o una Caja de Ahorros. La recalificación en estas ocasiones se hace previo pago del propietario al político. Hay también operaciones híbridas que combinan el robo ilegal con el robo legal al ciudadano.
Como este negocio está basado en el monopolio y los métodos mafiosos los costos son virtualmente iguales a cero (Si un agricultor se niega a regalarles sus tierras se las roban) De esta manera el único modo de incrementar prograsivamente el botín es aumentar el precio que los promotores pagan por las licencias (precio que cargado el el precio de la vivienda, pagan finalmente los compradores de la vivienda) o bien aumentar la producción y venta al mejor postor de licencias.
Esto último, el recalificar cantidades ingentes de suelo, se ha hecho mucho en el intento de los políticos por incrementar el volumen de lo robado a la población. Lamentablemente la ley de la oferta y la demanda nos dice que si aumenta lo suficiente la oferta, si la clase política deja de ser capaz de mantener artificialmente la escasez de un bien básico a través de prohibir de hecho la producción de este bien necesario, los precios de las viviendas bajarían y resultaría imposible a los políticos seguir vendiendo licencias a precios astronómicos.
Eran de esperar por parte de la clase política toda clase de maniobras para mantener la escasez de la vivienda y, utilizando el matonismo de toda mafia, quitarse de encima cualquier competencia a su monopolio.
La marcha atrás en las calificaciones, operación que consiste en volver a hacer rústico utilizando como pretesto ridículas preocupaciones medioambientales (como si a un ladrón mafioso le preocupase la naturaleza) pero sin devolber el dinero saqueado o la nagación "por que yo lo valgo" de licencias a suelo que el propio municipio a vendido a precio millonario con sus planes urbanisticos aprobados, son solo un ejemplo de este intento de mantener la escasez que les permite robar más cada año.
Esta nueva vuelta de tuerca que consiste básicamente en volver a robar el 43% de lo que previamente ya habían robado mediante la siniestra inflación es solo un intento más de mantener medio cerrado el grifo de la oferta.
Por fortuna esta vez no va a salirles bien. Han ido en su codicia demasiado lejos. Las cifras de la macroeconomía nos dicen que el castillo de naipes se desplomará.
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