Al margen de que uno pueda estar a favor o en contra de la nueva propuesta de carta magna del Ecuador una cosa queda clara. Se trata de un proyecto constitucional que introduce una serie de novedades en relación a la integración de las diásporas en el sistema nacional.

Se estima que hay más de 20 millones de latinoamericanos viviendo fuera de su patria y que hay unos 50 millones de personas de origen latinoamericano residiendo en Norteamérica, Europa y Asia.

En las Américas ha habido cientos de constituciones pero la ecuatoriana es la primera en la cual en su redacción han participado asambleístas electos representando a sus respectivas diásporas. Seis de ellos fueron nominados por los ecuatorianos residentes en el exterior (2 por Norteamérica, 2 por Sur y Centro América y 2 por Europa).

Se calcula que hay entre 10 a 12 millones de andinos que viven fuera de su patria. Este número es un poco menor que el de los casi 14 millones de ecuatorianos pero mayor al de los 8 millones de bolivianos. De por sí implica que dentro de la Comunidad Andina de Naciones ellos podrían significar un número más grande que uno de sus cuatro países miembros.

La nueva carta magna a ser votada este domingo contempla crear una bancada permanente para la diáspora, algo que, por ejemplo, si tiene Italia. Colombia hasta la fecha es el único país de la región que tiene un representante electo en el exterior, aunque se trata de solo un congresista para representar a unos 4 millones de colombianos expatriados.

Los peruanos votan en el exterior y se viene discutiendo el poder hacer que el congreso de dicha república tenga dos miembros electos por los 2 a 4 millones de peruanos expatriados. Brasileros, argentinos o mexicanos también pueden votar fuera de sus países, aunque Bolivia (quien tiene entre el 10% y el 20% de sus habitantes residiendo fuera de su territorio) y Chile (el país desde donde salió después del golpe de 1973 la primera ola masiva de inmigrantes a Europa) aún no le dan ese derecho a sus diásporas.

Otra novedad de esta propuesta de carta magna es que permite a los extranjeros que residen durante 5 años en Ecuador el poder votar, aunque no el de ser electos, cosa a la que si tienen derecho muchos extranjeros residentes en elecciones locales de Europa.